jueves, enero 12, 2012

El mafioso Raúl Martins financió la campaña de Mauricio Macri


(La Alameda)
En la denuncia formal ante Juzgado Federal y la UFASE, Lorena Martins no sólo denuncia a su padre por regentear una red de trata y proxenetismo, sino también al jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri por recibir para su campaña política dinero procedente del proxeneta y traficante de mujeres ex agente de la SIDE, Raúl Martins..
En la foto Macri y su esposa Juliana Awada (denunciada por talleres esclavos) aparecen dentro de un cabaret de Martins en México, más precisamente en Cancún en el prostíbulo “Mix” también sede de operaciones de “Los Zetas”. El hombre sentado a la derecha del jefe de Gobierno es nada menos que Gabriel Conde, procesado y prófugo de la justicia por regentear a fines de la década del ’90 el prostíbulo Shampoo donde explotaban mujeres traficadas de Brasil y República Dominicana. Gabriel es el hijo de Luis Conde, quien creó Shampoo y fue un reconocido dirigente del club Boca Juniors. Luis llegó a la vicepresidencia de Boca y fue aliado de Mauricio Macri para que éste obtuviese la presidencia del club xeneize.


FOTO: Conde con el pelo mojado y a su lado el pelado Martins

El pago de la campaña política del PRO por parte de Martins fue denunciado por la hija del proxeneta y tratante. Lorena denunció ante la justicia los detalles del pago a la campaña del PRO.
Por primera vez se publica la denuncia penal radicada por Lorena Martins ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (UFASE) y Trata de Personas. Al texto se debe sumar una declaración oral ante el fiscal Marcelo Colombo que alcanzó cerca de dos horas y media. Todos estos datos fueron remitidos a la justicia federal. Llama poderosamente la atención que la causa quedó en manos del juez Norberto Oyarbide, quien es íntimo de Raúl Martins en los negocios de proxenetismo y trata de personas en la Ciudad de Buenos Aires.


FOTO: Abrazados el juez Oyarbide y el proxeneta Martins. De camisa azul el ex comisario Luis Buscaglia a cargo de la entonces División Moralidad.

La relación de la mafia prostibularia con el Gobierno de la Ciudad, según la denuncia penal, llega hasta el dirigente de Boca Juniors y ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Raúl Oscar Ríos, quien recibió en la sede del CGP N° 7 el pago enviado por Martins para la campaña del PRO.
La denunciante fue testigo del ilegal e inescrupuloso financiamiento político. A su vez señala que Ríos es la conexión de su padre para frenar inspecciones de los siete prostíbulos de Martins en la Ciudad. Otro de los funcionarios mencionados en la denuncia por coimas de la mafia proxeneta y tratante es José L. Alonso, inspector de Habilitaciones y Permisos de la AGC. (registro en el Gobierno porteño: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/gob_control/regulacion/ficha_inspectores.php?menu_id=5712?idtabla=374&ins_nro=14102346&tabla1=ins_dghp&Dir_General=Habilitaciones%20y%20Permisos)


FOTO: La publicidad del prostíbulo visitado por Macri y Awada

La Alameda, junto a otras ong’s, acompañará hasta las últimas consecuencias la valiente denuncia de Lorena Martins y saldremos a escrachar a todos los proxenetas y funcionarios involucrados en esta red mafiosa. Esto en el caso, si la justicia de Oyarbide una vez más, decide mirar para otro lado.









CONTACTOS:
Lorena Martins: 15 3552 3324
Gustavo Vera: 15 6158 4835


DENUNCIA COMPLETA:


FORMULA DENUNCIA CRIMINAL. CONSTITUYE DOMICILIO. OFRECE PRUEBA EN ORIGINAL Y FOTOCOPIAS. SOLICITA CUSTODIA PERSONAL
Señor Juez Federal:


LORENA CRISTINA MARTINS, por propio derecho y junto al letrado que me patrocina Dr. Claudio A. Lifschitz (To. 53 Fo. 135 CPACF), en Avda. Alicia Moreau de Justo 740, Piso 3, ofic. ¨1¨, Puerto Madero, Dock 5, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; me presento y respetuosamente manifiesto:


I – OBJETO
Que vengo en tiempo y forma[1], a formular denuncia criminal contra RAÚL LUIS MARTINS, ESTELA NOEMI PERCIVAL, VIRGINIA INÉS SOLIS, NATALIA BEATRIZ PERCIVAL, MARIA DE LOS ANGELES MAINI, PABLO ALFREDO PATERNOSTRO, JOSE ALEJANDRO GONZÁLEZ, GUILLERMO MARTIN SOTO, OMAR FLORIT, HÉCTOR BIGLIONE, y/o quien resulte responsable en calidad de autor, coautor, partícipe y/o encubridor por las conductas que infra se acriminan y que encuadran típicamente en las figuras descriptas y reprimidas por el art. 17 ley 12.331 (Profilaxis y Casas de Tolerancia), arts. 2 y 4 ley 26.364 (Prevención y Sanción de la Trata de Personas), arts. 2 y 8 Ley 24.769 (Evasión Impositiva y Previsional agravada), art. 5º “C” ley 23.737 (Comercialización de Estupefacientes), arts. 125bis, 126, 127 (Promoción y Facilitación a la Prostitución), 172, 173 incisos 7º, 8º, y 11º, arts. 210 (Asociación Ilícita), 256, 256 bis (Cohecho y tráfico de influencias), 292 (Falsificación de Documento Público y Privado), 293 (Falsedad Ideológica en Instrumento Público), y 298 de nuestro Código Penal Argentino.


II – HECHOS


Desde hace más de VEINTE AÑOS, y como ya es de conocimiento público y judicial, mi padre RAÚL LUIS MARTINS se dedica a la promoción y facilitación de la prostitución dentro de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al día de la fecha y junto al concierto doloso de ESTELA NOEMI PERCIVAL, VIRGINIA INÉS SOLIS, NATALIA BEATRIZ PERCIVAL, MARIA DE LOS ANGELES MAINI, PABLO ALFREDO PATERNOSTRO, JOSE ALEJANDRO GONZÁLEZ, GUILLERMO MARTIN SOTO, OMAR FLORIT, y HÉCTOR DARÍO BIGLIONE, ha sabido construir una estructura perfectamente desarrollada con distribución de roles, conductas y jerarquías, con el solo fin de cometer delitos indeterminados, para sostenerse y ampliar su imperio en la promoción y facilitación de la prostitución, y trata de personas.
Esta actividad la desarrollan gracias a la protección que a cambio de dinero reciben tanto por parte de funcionarios de la Policía Federal Argentina, como de funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encargados del control de habilitaciones y desarrollo de actividades lucrativas dentro de esta Capital Federal.
También sobre la base de la falsificación de documentos públicos e inserción de declaraciones falsas con el objeto de obtener habilitaciones imposibles de conseguir, junto a la formación de sociedades en la Argentina, Uruguay, y México.
Cada día que pasa, RAÚL LUIS MARTINS y quienes junto a él llevan adelante este emprendimiento ilícito, crece en proporciones geométricas, gracias como dijera a sus contactos judiciales, políticos y policiales.
En su momento el Fiscal Dr. Campagnoli junto al Juzgado de Instrucción nro. 28, dentro del marco de la causa nº 103.933/97, caratulada: “SOAREZ DE SOUZA, FRANCISCA S/PROMOVER O FACILITAR LA PROSTITUCIÓN”, logró mediante un gran número de allanamientos y trabajos de inteligencia, recolectar información de suma importancia a la causa, llegando incluso hasta alcanzar la etapa de plenario, interviniendo el Tribunal Oral en lo Criminal nº 6, al que se le anexaron otras causas.
Como es obvio y siempre ocurre, gracias a la astucia de sus abogados e irregularidades cometidas en la investigación, lo que no terminó en una prescripción por excesivo e innecesario transcurso del tiempo, lo hizo por las nulidades que planteas fueron acogidas favorablemente.
A nivel mediático tanto la prensa argentina como del exterior lo sitúa como el mayor responsable de la trata de personas y promoción de la prostitución, y otros delitos propios de una estructura mafiosa que ha sabido construir y afianzar cada vez más.
Deseo aclarar que sin perjuicio de no encontrar obstáculo alguno para denunciar a las personas que son coautoras y/o cómplices de los delitos que enuncio, en lo que respecta a mi padre RAUL LUIS MARTINS, también es lícito que lo haga en razón de recibir con anterioridad amenazas de muerte hacia mi persona como del Dr. Claudio A. Lifschitz, según IPP en trámite por ante la UFI distrital de Boulogne, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en donde mi padre llegó hasta mandarme “matones” por parte de un íntimo amigo suyo de la ex SIDE, los que fueron perfectamente identificados por parte del personal de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que se encontraban en mi domicilio particular el día de los hechos.
Para una mejor compresión del modo en que funciona esta compleja estructura montada por mi padre y sostenida gracias al necesario aporte que efectúan cada uno del resto de los denunciados, infra paso detallar y desarrollar los hechos dentro de diversos acápites y/o títulos.
Locales en donde se facilita y promueve la prostitución
Local nocturno que gira bajo el nombre de fantasía “ROUGE y/o BRUT”, con domicilio en Vicente López 2257, Capital Federal en donde LEONARDO FLORIT figura como titular según habilitación municipal, siendo el encargado del mismo GUILLERMO MARTÍN SOTO; local nocturno que gira bajo el nombre de fantasía “NEW MANHATTAN y/o “FAMA””, con domicilio en Av. Rivadavia 7373/75, Capital Federal, en donde VICTORIANA RIVERO, figura como titular según habilitación municipal; local nocturno que gira bajo el nombre de fantasía “HOT AREA”, con domicilio en Artigas 1490, y Juan B. Justo 5302, Capital Federal, en donde IVANA ARACELI MARCELA ÁLVAREZ, figura como titular según habilitación municipal; local nocturno que gira bajo el nombre de fantasía “TOP SECRET”, con domicilio en Artigas 1438/46 y Juan B. Justo 5332, Capital Federal, en donde DANIEL BLANCO CHAMORRO, figura como titular según habilitación municipal; Local nocturno que gira bajo el nombre de fantasía “OBA-OBA”, con domicilio real en Av. Rivadavia 2434, Capital Federal, en donde GUILLERMO MARTIN SOTO figura como titular según habilitación municipal.
Con respecto a los mismos valga tener en cuenta que los mencionados como “TOP SECRET”, “NEW MANHATTAN y/o “FAMA”, y “OBA-OBA”, poseen habitaciones en donde las “chicas” mantienen sexo con los clientes.
En cuanto a “HOT AREA”, los clientes que concurren allí, tienen sexo en las habitaciones que pertenecen al local “TOP SECRET”, en razón que se encuentra a una distancia de tan solo 40 metros.
De todos ellos en el único donde se comercializan estupefacientes es aquél sito en la calle Vicente López 2257 e identificado como “ROUGE” y/o “BRUT”, el que es administrado por quien figura como titular del local OBA-OBA, GUILLERMO MARTÍN SOTO, quien recibiría los estupefacientes de mano de OMAR FLORIT, padre del titular de la habilitación de este local LEONARDO ADRIÁN FLORIT.
OMAR FLORIT actualmente y desde hace muchos años es el encargado del “Appart Hotel y Swinger Club Anchorena” sito en T. M. de Anchorena 1119/21, Capital Federal, también de propiedad de RAÚL LUIS MARTINS, y en donde funcionan las oficinas administrativas desde donde se controlan todos los locales y se lleva la contabilidad de los ingresos y egresos, como ser el pago de “coimas” tanto a personal policial como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Tanto JOSÉ ALEJANDRO GONZALEZ “alias Rocky” como PABLO ALFREDO PATERNOSTRO son los encargados de pagar los “arreglos” tanto a policía como a municipales.
Cada vez que se va a efectuar algún tipo de control, ya sea policial o municipal, quienes manejan están organización ilícita son avisados con anterioridad, ya que las “coimas” que pagan no solo son para que los dejen operar sino también para que les avisen de los procedimientos a realizar. Incluso cuando la inspección la hace personal de drogas peligrosas.
También se le paga al agente de la ex SIDE conocido como “el Lauchón”, para que avise se algún teléfono o Handy que utiliza la organización se encuentra intervenido judicialmente.
Se acompaña adjunto al presente originales de agendas en donde figura de puño y letra los teléfonos del domicilio particular, celular y base de la ex SIDE en donde “el Lauchón” presta funciones, pertenecientes tanto a RAÚL LUIS MARTINS como a su concubina ESTELA NOEMI PERCIVAL. También agrego fotos del mismo sacadas en los locales en donde se promueve y facilita la prostitución, abrazo por chicas que se encuentran desnudas.
Más allá de estos locales en donde se ejerce la prostitución y utilizan las chicas para su selección para el envío de las mismas tanto a México como a Mendoza, Capital; esta estructura explota y es titular del Swinger Club que funciona en T. M. de Anchorena 1119/21, en donde no solo se realizan actividades prohibidas que afectan seriamente la seguridad de concurrentes y vecinos, sino que el mismo es utilizado como “disco” cuando carece de habilitación para ello, siendo dicho lugar un foco eventual de desastre tal como ocurrió con el denominado caso “CROMAGNON”.
El mismo no responde a las más mínimas medidas de seguridad contra incendios, careciendo de puerta de escape alguna, con lo cual ante cualquier hecho ignífugo, la gente que estuviese en el lugar, moriría quemada viva sin poder bajar un solo piso, ni saltar del lugar en caso de que alguno opte por una desesperada medida de esa naturaleza.
Ante una denuncia anónima de quien suscribe, se constituyó personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que estando dispuestos a clausurar el lugar, un solo llamado de mi padre desde México, hizo que abortaran el procedimiento, y el lugar continúe funcionando.
En cuanto a este tipo de “escapes” permanente a la justicia y control de faltas por parte de los locales aludidos, muchos tienen que ver con la “coimas” que se pagan y como ya dijera para que se permita el funcionamiento de los mismos o bien avisen de cualquier tipo de control gubernamental, y otros en cómo se encuentran preparados estos locales para cualquier tipo de inspección que de igual modo llegue.
Por ejemplo si tomamos al local nocturno “TOP SECRET” sito en Artigas 1438/46 y Juan B. Justo 5330/32, el mismo posee “una puerta trampa” en el VIP situado en el primer piso.
Así es, tanto menores como extranjeras indocumentadas salen por dicha puerta, la que da al comedor de un departamento situado en Av. Juan B Justo 5322 piso 1º, depto.”3”, cuya titularidad esta a nombre de la concubina de RAÚL L. MARTINS, ESTELA NOEMÍ PERCIVAL.
Dicha “puerta trampa” es la misma pared que da a ese living la cual se abre desde el local en modo electromagnético.


Pagos por “coimas” a la Policía Federal Argentina


Al momento de ratificar la presente denuncia acompañaré el listado completo de ingresos y egresos que maneja esta verdadera asociación ilícita, cuyos jefes u organizadores son RAÚL LUIS MARTINS, ESTELA NOEMI PERCIVAL, VIRGINIA SOLIS y NATALIA PERCIVAL.
Dicho registro me fue enviado a mi correo electrónico por parte de las primas de ESTELA PERCIVAL y empleadas administrativas de esta empresa con apariencia legal, desde el propio mail de éstas.
Valga destacar que en dichos registros se colocan datos cuya investigación a más del envío de mail cursado pueden dar autenticidad a la información volcada en el mismo, que registra los ingresos y egresos, local por local, mes a mes, y por más de SIETE AÑOS.
En dichos resúmenes podemos ver como la comisaría que se corresponde con los prostíbulos sometidos a su jurisdicción es colocada con identificaciones tanto infantiles como de fácil deducción con el respectivo importe que en forma mensual “cobran” por la protección a estos burdeles.
Así, por ejemplo, tenemos que la comisaría 50ª la identifica como “Gaona” (avenida sobre la que se encuentra situada), y que ejerce jurisdicción sobre los locales “TOP SECRET” y “HOT AREA”; a la 38ª como “83”, ejerciendo jurisdicción sobre el local “NEW MANHATTAN y/o FAMA”, a la 6ª como “árbitro 11” (por el barrio donde se encuentra), la cual tiene jurisdicción respecto al local “OBA – OBA”; a la 19ª como “vecinos” (por estar situada a escasos 100 metros del Club Swinger y lugar donde funciona la administración de esta auténtica “asociación ilícita”. Administración situada en la habitación 16 y 33 del Anchorena Apart Hotel, sito en la calle Anchorena 1119/23.
Lo significativo de estos resúmenes de gastos e ingresos, es que las comisarías aparecen en modo separado según la jurisdicción de cada local, siendo que otras dependencias que tienen jurisdicción sobre la totalidad de los barrios porteños aparecen en modo separado a esa lista. Por ej. Tenemos que a drogas peligrosas los llama “farmacia” , al departamento de asuntos extranjeros “extranjeros”, a la división seguridad personal de la policía federal (ex moralidad) como “casa mayor” y a la dependencia que debiera prevenir los delitos contravencionales dentro del gobierno de la ciudad como “contra”. También a “ruidos molestos” como “TATA” en alusión a la persona con que arreglan “el tata Yofre”.


RAÚL LUIS MARTINS y su estructura aportan a la campaña política del actual Jefe de Gobierno Porteño Ing. Mauricio Macri


El acercamiento del Ing. Macri a Raúl L. Martins y Estela Percival lo hace Gabriel Conde (hijo de un ex vicepresidente del club Boca Juniors).
Es así que MACRI se reúne con MARTINS y PERCIVAL en el mismo local que éstos tienen en México y en donde se ejerce la Trata de Personas y promoción de la prostitución, el cual se denomina “Mix Sky Lounge”, a escasos metros del conocido “THE ONE” el cual y luego de un escándalo mediático de grandes proporciones las autoridades mexicanas decidieran su cierre.
Lugar también en donde se reúnen personajes del sangriento Cartel de Narcotráfico llamados “los Zetas”, y organizan sus operaciones ilícitas.
Así es como el Ing. Mauricio Macri los contacta con su mano derecha RAÚL OSCAR RÍOS (ex presidente de la Agencia Gubernamental de Control), y este cuando renuncia a su cargo les presenta al municipal JOSÉ ALONSO.
La estructura no solo les paga a RÍOS y ALONSO para la prosecución y concreción de sus fines ilícitos, sino que según consta en intercambio de mails entre Martins y sus secuaces, el mismo habría colaborado en la última campaña política que lo llevara a renovar su mandato como Jefe de Gobierno Porteño. Se acompañarán los mails pertinentes.
Estos pagos como otros que Martins efectúa para obtener protección de sus prostíbulos en Capital Federal, los hizo y hace en la comuna 7 que el Pro tiene en el barrio de Flores y que comanda Raúl Oscar Ríos (ex presidente de la Agencia Gubernamental de Control).
Allí, como en otros lugares, el inspector José Alonso es quién cobra “las coimas” para que estos prostíbulos puedan seguir funcionando y consigan sus habilitaciones sin respetar las más mínimas medidas de seguridad.
Como dijera al comienzo, recuerdo cómo y ante una reciente inspección municipal “no avisada” al Club Swinger de la calle Anchorena 1121, cuando los municipales se disponían a clausurar por no responder a las mínimas normativas de seguridad contra incendio y capacidad, un simple llamado de mi padre Raúl Martins al influyente ex jefe de inspectores municipales Oscar Ríos, hizo que los municipales se retiraran del lugar y dejaran como siempre funcionando este club swinger que en cualquier momento provoca un desastre como lo ocurrido en el fatídico y triste caso Cromagnon, en donde por circunstancia similares de falta de seguridad y connivencia con municipales y funcionarios de la Policía Federal, perdieran la vida cientos de chicos que concurrían a oír un recital del grupo “Callejeros”.


RAÚL LUIS MARTINS y la TRATA DE PERSONAS


La estructura comandada por MARTINS, ESTELA PERCIVAL, VIRGINIA SOLIS y NATALIA PERCIVAL, comete en modo sistematico el delito de Trata de Personas, en dos de las modalidades que prevé la ley 26.364, a saber:
Por un lado recluta y envía bajo engaño a chicas desde Argentina a Cancún, México, como de Buenos Aires a la ciudad capital de la Provincia de Mendoza; siendo que por otro, toma chicas como “camareras” y/o “recepcionistas” a las que “quiebra” y logra se las prostituya.
Para dichos quiebres intervienen tanto Natalia Percival, Pablo Paternostro, José Alejandro González “alias Rocky”, como el resto de encargados de lo locales supra mencionados.
También son estos quienes convencen a “las chicas” para ir a México o la Provincia de Mendoza.
En lo que respecta a la Trata de Personas hacia la Provincia de Mendoza, tenemos que HECTOR DARÍO BIGLIONE (primo hermano deRAUL LUIS MARTINS) les paga a los denunciados la suma de $ 1000 por cada chica que les mandan por alguna temporada más los viáticos. En cuanto al hospedaje, BIGLIONE alias “IVAN” les consigue a precios muy bajos allá, aunque eso se lo tienen que pagar las chicas.
BIGLIONE, es el dueño de “RED CLUB” en Mendoza, y su local nocturno se encuentra en plena ciudad Capital, muy cerca incluso de la Comisaría local.
A “RED CLUB” se lo promociona en internet, página: www.redclubmendoza.com.ar; siendo su dirección exacta Gral. Paz 654 entre Perú y 25 de Mayo. tel. 0261 4205008/0054.
BIGLIONE “alias ivan” fue la mano derecha de MARTINS durante más de 20 años; hasta que “se abrió solo” y puso dos locales en Mendoza.
Antes había muy mala relación por esta “cortada solo” al separarse de su primo RAÚL MARTINS, pero hoy día les pide chicas a JOSÉ ALEJANDRO GONZALEZ “alias ROCKY” o a “el cachorro” GUILLERMO MARTIN SOTO, y estos les mandan siempre bajo la autorización de VIGINIA INES SOLIS y/o NATI (NATALIA PERCIVAL) que es una de las que las elije.
Durante todo el tiempo que HÉCTOR BIGLIONE “alias IVAN” estuvo al lado de Martins, fue quien se encargaba de pagar tanto a la policía como a los municipales.
Luego y cuando se fue a Mendoza, esa tarea quedo en manos de JOSÉ ALEJANDRO GONZALEZ “alias ROCKY” y de PABLO PATERNOSTRO.


En síntesis: Hay trata de personas de Argentina hacia México, y de la Ciudad de Buenos Aires a Mendoza.


También cabe Trata en Buenos Aires, por lo que ya dijera y tiene que ver con las chicas que se toman como camareras, a las que luego “endeuda” para luego quebrarlas y dedicarlas a la prostitución.
Modo en que operaran las chicas que LA ESTRUCTURA que comanda MARTINS envía a MÉXICO
1. La chicas cobran por los servicios que hacen según una planilla identificada con números. Por ejemplo 1 y 2 son distintos tipos de baile. 3 baile con algo de sexo por ejemplo “sexo oral”, y 4 identifican la chica que pasa y tiene sexo con el cliente en los dos cuartos que tienen dentro del local en México.
2. Cuando las chicas se quieren retirar del prostíbulo, primero tienen que entregar la mitad de lo que cobraron rindiendo cuenta con estas tarjetas numeradas que son marcadas, además del pago de multas, las que muchas veces es verdad, pero en otras las usan para sacarle más plata a las chicas. Lo descabellado de todo esto es que en pleno Siglo XXI las chicas no puedan retirarse si desde adentro y por handy no dan la autorización al seguridad de la puerta para que así lo hagan. La autorización se da cuando pagaron lo que tenían que pagar. Es decir están privadas de su libertad, o en situación de esclavitud, situación que se acentúa aún más en lo que paso a explicar seguidamente
3. A las chicas Argentinas por lo general tanto MARTINS como PERCIVAL, las hace salir en modo obligado y con una tarifa total de $ 3.000 mexicanos con los Narcos que quiere quedar bien. Cuando alguna chica no quiere hacerlo por lo bajo del precio o porque les da miedo la situación, hay una frase que Martins dice siempre: “estas putas de mierda, en Argentina chupan un pija por 50 pesos y acá se quieren hacer las estrellas” (sic). Lo que el no cuenta es que allá la vida es más cara, que van por algo que les prometieron “ganar para ahorrar y dejar la noche” etc. Esto se hace casi de igual modo desde el 2004 aproximadamente al día de la fecha.. Cambiaron algunas pequeñas cosas pero no muy importantes. Además la chica que se niegue a salir por ese precio, la castigan con multas, y si reinciden las dejan a la buena de Dios en un país que no es el de ellas.


“coima” a la AFIP/DGI en última inspección al Appart Hotel Tomás Manuel Anchorena.
NATALIA BEATRIZ PERCIVAL, y su madre VIRGINIA INÉS SOLÍS han podido sortear las penas que se aplican por evasión fiscal y previsional agravada, gracias a la rápida intervención del estudio jurídico del Dr. Carlos Salvatore, quienes aparentemente y por su intermedio pagaron PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL de “coima” para evitar el pago de la deuda de impuestos cuya infracción labraran inspectores municipales en control reciente.
Al momento de ratificar la presente denuncia, aportaré acta de infracción, persona con quien en un primer momento se quiso “arreglar”, con notas manuscritas de PABLO ALFREDO PATERNOSTRO, como así también intercambio de mails entre el Estudio Salvatore, mi padre y Estela Percival, lo que se me enviaban para conocimiento.
Por último me gustaría terminar con lo que el juez Dr. Bruno dijera al momento de dictar los respectivos procesamientos en la causa penal que iniciara el Dr. Campagnoli:
“… Los procesados montaron una verdadera empresa con apariencias legales”, … su objetivo no era otro que infringir la ley en forma sistemática y predeterminada, ideando para ello las más astutas estrategias”, tales como hacer aparecer como locatarias de los establecimientos explotados a sociedades inexistentes, para eludir la intervención de la Justicia …”.
Deseo dejar constancia que yo desde hace DIEZ años me encuentro viviendo en España, habiendo recién y hacia fines del año pasado “infiltrado” en la empresa que comanda mi padre RAÚL LUIS MARTINS, con el objeto de recabar información respecto de bienes que eras sustraídos y ocultados al acervo conyugal de mi madre, al enterarnos que mi padre se encontraba en concubinato, colocando todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, a nombre de “terceros” afectando los derechos de mi madre, y en definitiva los derechos hereditarios de quien suscribe como de mis dos hermanos. Allí es recién donde tomé real dimensión de los graves ilícitos que cometen los denunciados.
No obstante y por razones de seguridad no haber efectuado esta denuncia en modo formal con anterioridad, quiero hacer saber que mientras estuve dentro de la empresa de mi padre confeccioné una denuncia anónima que envié al Fiscal Campagnoli, como así también puse en conocimiento de la UFASE mucho de lo que aquí expongo, y efectué la denuncia por la que casi clausuran el Appart Hotel Anchorena; circunstancias estas de las que ampliaré al momento es que ratifique la misma.
También fui testigo de dichos de mi padre en querer mandar a matar al Dr. Claudio A. Lifschitz, dichos de los que también han tomado conocimiento mis dos hermanos que hoy viven en España.
Ello sumado a que ESTELA PERCIVAL se ufanaba en que su tío ALBERTO SOLÍS – policía en actividad de la Provincia de Buenos Aires, con destino en Los Polvorines -, se adjudicaba haber sido el autor del los disparos que sufriera el Dr. Claudio A. Lifschitz y que fuera salvado por su custodio de la Policía Federal Argentina.


III – DERECHO APLICABLE
Entiendo que los acriminados habrían incurrido en los delitos previstos y reprimidos por el art. 17 ley 12.331 (Profilaxis y Casas de Tolerancia), arts. 2 y 4 ley 26.364 (Prevención y Sanción de la Trata de Personas), arts. 2 y 8 Ley 24.769 (Evasión Impositiva y Previsional agravada), art. 5º “C” ley 23.737 (Comercialización de Estupefacientes), arts. 125bis, 126, 127 (Promoción y Facilitación a la Prostitución), 172, 173 incisos 7º, 8º, y 11º, arts. 210 (Asociación Ilícita), 256, 256 bis (Cohecho y tráfico de influencias), 292 (Falsificación de Documento Público y Privado), 293 (Falsedad Ideológica en Instrumento Público), y 298 de nuestro Código Penal Argentino; encontrándose reunidos todos los requisitos subjetivos y objetivos exigidos por las figuras en cuestión.


IV – PRUEBA


A) Documental: Acomapañe copias y originales, como soportes informáticos en CD conteniendo videos, y mails, que comprueban lo expuesto en la presente ampliación de denuncia;
B) Testimonial: borramos la siguiente información para preservar a las personas.


V – PETITORIO


Ante todo lo expuesto de V.S. solicito:


1. Se tenga por formulada la presente denuncia penal;
2. Tenga por agregada la prueba documental que en original y copia se acompañan;
3. Con el fin de proteger mi integridad física y psíquica se disponga un servicio de custodia personal respecto a mi persona;
4. Oportunamente se condene a los inculpados a la pena máxima que nuestro Código Penal prevé para las conductas que se les acriminan.


Provea V.S. de conformidad que,
S E R A J U S T I C I A


________________________________________
[1] Cfr. artículo 174 del CPP

Los “desaparecidos” del imperio

SE PUEDE SER AMIGO DEL GENOCIDA IMPERIO DEL NORTE?
Atilio Boron
ALAI AMLATINA, 11/01/2012.- Un artículo reciente firmado por John Tirman, director del Centro de Estudios Internacionales del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y publicado en el Washington Post, plantea con crudeza una reflexión sobre un aspecto poco estudiado de las políticas de agresión del imperialismo: la indiferencia de la Casa Blanca y de la opinión pública en relación a las víctimas de las guerras que Estados Unidos libra en el exterior.(1)


Como académico “bienpensante” se abstiene de utilizar la categoría “imperialismo” como clave interpretativa de la política exterior de su país; su análisis, en cambio, revela a los gritos la necesidad de apelar a ese concepto y a la teoría que le otorga sentido. Tirman expresa en su nota la preocupación que le suscita, en cuanto ciudadano que cree en la democracia y los derechos humanos, la incoherencia en que incurrió Barack Obama –no olvidemos, un Premio Nóbel de la Paz- cuando en su discurso pronunciado en Fort Bragg (14 de Diciembre de 2011) para rendir homenaje a los integrantes de las fuerzas armadas que perdieron la vida en la guerra de Irak (unos 4.500, aproximadamente) no dijo ni una sola palabra de las víctimas civiles y militares iraquíes que murieron a causa de la agresión norteamericana.


Agresión, conviene recordarlo, que no tuvo nada que ver con la existencia de “armas de destrucción masiva” en Irak o con la inverosímil complicidad del antiguo aliado de Washington, Saddam Hussein, con las fechorías que supuestamente cometía otro de sus aliados, Osama Bin Laden.


El objetivo excluyente de esa guerra, como la que amenaza iniciar en contra de Irán, fue apoderarse del petróleo iraquí y establecer un control territorial directo sobre esa estratégica zona para el momento en que el aprovisionamiento del crudo deba hacerse confiando en la eficacia disuasiva de las armas en lugar de las normas de aquello que algunos espíritus ingenuos en la Europa del siglo XVIII dieron en llamar “el dulce comercio.”


En su nota Tirman acierta al recordar que las principales guerras que Estados Unidos libró desde el fin de la Segunda Guerra Mundial –Corea, Vietnam, Camboya, Laos, Irak y Afganistán- produjeron, según sus propias palabras, una “colosal carnicería”. Una estimación que este autor califica como muy conservadora arroja un saldo luctuoso de por lo menos seis millones de muertes ocasionadas por la cruzada lanzada por Washington para llevar la libertad y la democracia a esos infortunados países. Si se contaran operaciones militares de menor escala -como las invasiones a Grenada y Panamá, o la intervención apenas disimulada de la Casa Blanca en las guerras civiles de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, para no hablar de similares tropelías en otras latitudes del planeta- la cifra se elevaría considerablemente.(2)


No obstante, y pese a las dimensiones de esta tragedia, a las cuales habría que agregar los millones de desplazados por los combates y la devastación sufrida por los países agredidos, ni el gobierno ni la sociedad norteamericana han evidenciado la menor curiosidad, preocupación, ¡ni digamos compasión!, para enterarse de lo ocurrido y hacer algo al respecto. Esos millones de víctimas fueron simplemente borrados del registro oficial del gobierno y, peor aún, de la memoria del pueblo norteamericano mantenido impúdicamente en la ignorancia o sometido a la interesada tergiversación de la noticia. Cómo lúgubremente reiteraba el criminal dictador argentino Jorge R. Videla ante la angustiada pregunta de los familiares de la represión, también para Barack Obama esas víctimas de las guerras estadounidenses “no existen”, “desaparecieron”, “no están”.


Si el holocausto perpetrado por Adolf Hitler al exterminar a seis millones de judíos hizo que su régimen fuese caracterizado como una aberrante monstruosidad o como una estremecedora encarnación del mal, entonces ¿qué categoría teórica habría que usar para caracterizar a los sucesivos gobiernos de Estados Unidos que sembraron muertes en una escala por lo menos igual, si no mayor?


Lamentablemente nuestro autor no se formula esa pregunta porque cualquier respuesta habría puesto en cuestión el crucial artículo de fe del credo norteamericano que asegura que Estados Unidos es una democracia. Más aún: que es la encarnación más perfecta de “la democracia” en este mundo. Observa con consternación, en cambio, el desinterés público por el costo humano de las guerras estadounidenses; indiferencia reforzada por el premeditado ocultamiento que se hace de aquellos muertos en la voluminosa producción de películas, novelas y documentales que tienen por tema central la guerra; por el silencio de la prensa acerca de estas masacres –recordar que, luego de Vietnam, la censura en los frentes de batalla es total y que no se pueden mostrar víctimas civiles y tampoco soldados norteamericanos heridos o muertos; y porque las innumerables encuestas que a diario se realizan en Estados Unidos jamás indagan cuál es el grado de conocimiento o la opinión de los entrevistados acerca de las víctimas que ocasionan en el exterior las aventuras militares del imperio.


Este pesado manto de silencio se explica, según Tirman, por la persistencia de lo que el historiador Richard Slotkin denominara el “mito de la frontera”, una de las constelaciones de sentido más arraigada de la cultura norteamericana según la cual una violencia noble y desinteresada -o interesada solo en producir el bien- puede ser ejercida sin culpa o cargos de conciencia sobre quienes se interpongan al “destino manifiesto” que Dios ha reservado para los norteamericanos y que, con piadosa gratitud, los billetes de dólar recuerdan en cada una de sus denominaciones. Solo “razas inferiores” o “pueblos bárbaros”, que viven al margen de la ley, podrían resistirse a aceptar los avances de la “civilización”.


El violento despojo sufrido por los pueblos originarios de las Américas, tanto en el Norte como en el Sur, fue justificado por ese racista mito de la frontera y edulcorado con infames mentiras. En el extremo sur del continente, en la Argentina, la mentira fue denominar como “conquista del desierto” la ocupación territorial a sangre y fuego del habitat, que no era precisamente un desierto, de los pueblos originarios.


En Chile la mentira fue bautizar como “la pacificación de la Araucanía” al nada pacífico y sangriento sometimiento del pueblo mapuche. En el norte, el objeto del pillaje y la conquista no fueron las poblaciones indígenas sino una fantasmagórica categoría, apenas un punto cardinal: el Oeste. En todos los casos, como lo anotara el historiador Osvaldo Bayer, la “barbarie” de los derrotados, que exigía la perentoria misión civilizatoria, era demostrada por su … ¡desconocimiento de la propiedad privada!


En suma: esta constelación de creencias -racista y clasista hasta la médula- presidió el fenomenal despojo de que fueron objeto los pueblos originarios y liberó a los píos cristianos que perpetraron la masacre de cualquier sentimiento de culpa. En realidad, las víctimas eran humanas sólo en apariencia. Esa ideología reaparece en nuestros días, claro que de forma transfigurada, para justificar el aniquilamiento de los salvajes contemporáneos. Sigue “oprimiendo el cerebro de los vivos”, para utilizar una formulación clásica, y fomentando la indiferencia popular ante los crímenes cometidos por el imperialismo en tierras lejanas. Con la invalorable contribución de la industria cultural del capitalismo hoy la condición humana le es negada a palestinos, iraquíes, afganos, árabes, afrodescendientes y, en general, a los pueblos que constituyen el ochenta por ciento de la población mundial. Tirman recuerda, como ya lo había hecho antes Noam Chomsky, el sugestivo nombre asignado a la operación destinada a asesinar a Osama Bin Laden: “Gerónimo”, el jefe de los apaches que se opuso al pillaje practicado por los blancos. El lingüista norteamericano también decía que algunos de los instrumentos de muerte más letales de las fuerzas armadas de su país también tienen nombres que aluden a los pueblos originarios: el helicóptero Apache, el misil Tomahawk, y así sucesivamente.


Tirman concluye su análisis diciendo que esta indiferencia ante los “daños colaterales” y los millones de víctimas de las aventuras militares del imperio socava la credibilidad de Washington cuando pretende erigirse en el campeón de los derechos humanos. Agregaríamos: socava “irreparablemente” esa credibilidad, como quedó elocuentemente demostrado en 2006 cuando la Asamblea General de la ONU creó el Consejo de Derechos Humanos, en reemplazo de la Comisión de Derechos Humanos, con el voto casi unánime de los estados miembros y el solitario rechazo de Estados Unidos, Israel, Palau y las Islas Marshall.(3) Lo mismo ocurre cuando año tras año la Asamblea General condena por una mayoría aplastante el criminal bloqueo a Cuba impuesto por Estados Unidos.


Pero no es sólo la credibilidad de Washington lo que está en juego. Más grave aún es el hecho de que la apatía y el sopor moral que invisibilizan la cuestión de las víctimas garantiza la impunidad de quienes perpetran crímenes de lesa humanidad en contra de poblaciones civiles indefensas (como en los casos de My Lai en Vietnam o Haditha en Irak, para no mencionar sino los más conocidos). Pero esto viene de lejos: recuérdese la patética indiferencia de la población norteamericana ante las noticias del bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki, y los cables que enviaba el corresponsal del New York Times destacado en Japón diciendo que ¡no había indicios de radioactividad en la zona bombardeada! Impunidad que alentará futuras atrocidades, motorizadas por la inagotable voracidad de ganancias que exige el complejo militar-industrial, para el cual la guerra es una condición necesaria, imprescindible, de sus beneficios. Sin guerras, sin escalada armamentista el negocio arrojaría pérdidas, y eso es inadmisible. Y son las ganancias de esos tenebrosos negocios, no olvidemos, las que financian las carreras de los políticos norteamericanos (y Obama no es excepción a esta regla) y las que sostienen a los oligopolios mediáticos con los cuales se desinforma y adormece a la población.


No por casualidad Estados Unidos ha guerreado incesantemente en los últimos sesenta años. Los preparativos para nuevas guerras están a la vista y son inocultables: comienzan con la satanización de líderes desafectos, presentados ante la opinión pública como figuras despóticas, casi monstruosas ; sigue con intensas campañas publicitarias de estigmatización de gobiernos desafectos y pueblos díscolos; luego vienen las condenas por presuntas violaciones a los derechos humanos o por la complicidad de aquellos líderes y gobiernos con el terrorismo internacional o el narcotráfico, hasta que finalmente la CIA o algún escuadrón especial de las fuerzas armadas se encarga de fabricar un incidente que permita justificar ante la opinión pública mundial la intervención de los Estados Unidos y sus compinches para poner fin a tanto mal.


En tiempos recientes eso se hizo en Irak y luego en Libia. En la actualidad hay dos países que atraen la maliciosa atención del imperio: Irán y Venezuela, por pura casualidad dueños de inmensas reservas de petróleo. Esto no significa que la funesta historia de Irak y Libia vaya necesariamente a repetirse, entre otras cosas porque, como lo observara Noam Chomsky, Estados Unidos sólo ataca a países débiles, casi indefensos, y aislados internacionalmente. Washington ha hecho lo imposible para establecer un “cordón sanitario” que aísle a Teherán y Caracas, pero hasta ahora sin éxito. Y no son países destruidos por largos años de bloqueo, como Irak, o que se desarmaron voluntariamente, como Libia, seducida por las hipócritas demostraciones de afecto de una nueva camada de imperialistas. Afortunadamente, ni Irán ni Venezuela se encuentran en esa situación. De todos modos habrá que estar alertas.


Notas:
(1) “Why do we ignore the civilians killed in American wars?” (The Washington Post, 5 Diciembre 2011)
(2) Expertos internacionales aseguran que el número de víctimas ocasionadas por Estados Unidos en Vietnam ronda las cuatro millones de personas. La estimación total de seis millones subestima grandemente la masacre desencadenada por el imperialismo norteamericano en sus diferentes guerras.
(3) Añadamos un dato bien significativo: cuando la Asamblea General tuvo que decidir la composición del Consejo, el 9 de Mayo del 2006, Estados Unidos no logró los votos necesarios para ser uno de los 47 países que debía integrarlo. ¡Toda una definición sobre la nula credibilidad internacional de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos!


- Dr. Atilio Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina www.centrocultural.coop/pled http://www.atilioboron.com

martes, enero 03, 2012

MASACRE EN ROSARIO

(Agencia Walsh)

Sicarios asesinan a tres jóvenes del Frente Darío Santillán

masacrederosario(AW) Tenían entre 17 y 21 años, no tenían antecedentes penales ni estaban armados. Fueron asesinados por error para vengar un ataque contra uno de los jefes de la barra brava de Newells: Maximiliano "El Hijo del Quemado" Rodríguez, conocido narco del Barrio de La Tablada desde hace 30 años, según denunciaron vecinos.

Dos imputados permanecen prófugos, mientras que un policía de apellido Marín intentó ocultar la presencia de Rodriguez en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, quien había sido atacado horas antes de la masacre y fue hospitalizado en el mismo lugar que los jóvenes acribillados por confusión.

Durante el año 2011 hubo 140 homicidios de este tipo

El barrio Moreno -en el sur de Rosario - comenzó el año de luto. Tres de sus hijos, jóvenes militantes, fueron acribillados por una banda que los atacó en la madrugada del domingo pasado, sin que mediara ningún enfrentamiento. Los sicarios creían estar vengándose del ataque contra uno de los jefes de la barra brava de Newells, Maximiliano "El Hijo del Quemado" Rodríguez. Los pibes, que no tenían nada que ver con ese hecho, habían pasado toda la noche en la canchita de Quintana y Dorrego.

Pasadas las 4, de un auto verde se bajaron tres hombres armados que preguntaban por Ezequiel "El Negro" Villalba, un barra que vive a una cuadra de donde fue la balacera.

Sin dejar otra posibilidad abrieron fuego contra los que encontraron. Los disparos, según fuentes oficiales, fueron de 9 milímetros y también de pistola ametralladora. Jeremías Jonathan "Jeri" Trasante, de 17, Claudio Damián "Mono" Suárez, de 19 y Adrián Leonel "Patón" Rodríguez, de 21, fueron acribillados: cada uno tenía entre cinco y ocho balas alojadas en sus cuerpos. Eran pibes de barrio, militantes del Frente Popular Darío Santillán, que estaban organizados para tener una opción mejor de vida. Acababan de participar activamente del campamento nacional de jóvenes de dicha organización, junto a 500 pibes de todo el país, realizado en Rosario el diciembre pasado.

"Nos dieron un golpe tremendo, mataron a tres de nuestros compañeros, que eran como hermanos. Queremos que quede claro que ya lo veníamos denunciando, lo dijimos en el Concejo Deliberante, en la Comisión de Derechos Humanos, donde hicimos un relevamiento de los casos donde se pone de moda caratular como un 'ajuste cuentas' y queda paralizada la investigación, cuando lo que están haciendo es matar pibes inocentes. Este año, de todos los asesinatos que hubo, 140 fueron de este tipo. Ahora se sabe porque los pibes eran de una organización y salimos a denunciarlo, sino hubieran dicho que fue un enfrentamiento y listo, no investigan más", dijo a Marcha Pedro "Pitu" Salinas, referente del Movimiento 26 de Junio, Frente Popular Darío Santillán, en donde militaban los asesinados. Según cifras oficiales, en Rosario se registraron este año 170 homicidios.

Al principio, la policía de la Comisaría 15ª que acudió al lugar informó que se trataba de un "ajuste de cuentas" informando errónea e intencionadamente que los jóvenes "tenían antecedentes penales", lo cual fue levantado por algunos medios, como La Capital y Clarín, pese a ser negado por quienes los conocían. Con el correr de las horas fue saliendo a luz la verdad. Un cable de DyN confirmó lo que ya se sabía: en ninguno de los tres muertos, de acuerdo al estudio de dermotest realizado por personal de Criminalística, había rastros de pólvora, es decir que no hubo intercambio de disparos.

La masacre comenzó a gestarse a las 3.30 de la primer madrugada del año: Rodríguez iba con su novia en un BMW cuando fueron baleados desde una moto en la que viajaban dos personas. Aparentemente, junto a sus cómplices, aún herido, dejaron el automóvil y en otro coche, un Corsa verde, fueron hasta la esquina del domicilio de Villalba. Abrieron balazos contra los cuatro jóvenes que se encontraron, que nada tenían que ver con la agresión previa ni con ninguna barrabrava. Decenas de testigos los vieron pasar toda la noche en el mismo lugar donde luego encontrarían la muerte.

Además de Rodríguez, que permanece internado en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (HECA) en estado crítico, los imputados son Ariel Sebastián "Teletubi" Acosta y Damián "Damiancito" Martínez. Estos dos permanecen prófugos. Acosta estuvo involucrado por el ataque contra un micro de Ñewell's donde murió Walter Cáceres. A Martínez le encontraron un chaleco antibalas en su domicilio de la calle Argelia 2100 que fue allanado. En horas de la noche del lunes 2, se producían nuevos allanamientos, según pudo averiguar este medio.

Un efectivo policial de apellido Marín ocultó a sus superiores que Rodríguez estaba en el HECA, a donde llegó herido. "Fue pasado a disponibilidad, imputado porque no avisó a su jefatura que había un herido en el HECA que tenía algo que ver con los muertos. Por eso se tardo varias horas en saber qué pasaba", dijo a Marcha el secretario de Seguridad Comunitaria, Ángel Ruani que detallló la información que manejan en el Ministerio de Seguridad provincial sobre el caso. "Primero se produjo la agresión contra Rodríguez, que acusó a Villalba y por eso habrían ido a buscarlo. Podría haber habido más muertos, uno se salvó corriendo. Después siguieron tirando, hay tres mujeres heridas, una de ellas embarazada. Fueron a buscar a un tipo para matar y le dispararon a cualquiera, tiraron a mansalva", detalló el funcionario.

Ruani relató que esa noche estuvo cumpliendo su labor como funcionario en las calles rosarinas. "Estuve hasta las 12 recorriendo la ciudad, tratando de ver el accionar policial, verificar el patrullaje, pase dos veces por esa esquina, la última una hora y media antes de los asesinatos. A las 5 hicimos base. Recién al mediodía supimos que Maximiliano Rodríguez estaba en el mismo hospital donde entraron los chicos asesinados. Nos vamos enterando ahora la ligazón de los muertos con el Frente Popular Darío Santillán, a quienes hemos invitado a que vengan a hablar con el ministro de Seguridad Leandro Corti", señaló el funcionario, quien estuvo detenido desaparecido durante la Dictadura y viene de ser subsecretario de Derechos Humanos provincial.

La feroz violencia barrabrava cuenta en Rosario con innegables vínculos policiales. Este triple crimen sucede en territorio de la Seccional 15ª, una comisaría que tiene un largo historial de corrupción y violencia, con casos de gatillo fácil y presos hacinados que terminan muertos en calabozos en su haber. En agosto del año pasado, el comisario de la 15ª, Gustavo Bella, fue reemplazado por el comisario Abel Santana, al ser acusado de recomendar a los vecinos que ante los robos contraten a una empresa de seguridad privada vinculada a personal de la fuerza.

Hay más datos que ligan a los asesinos con el poder. El dueño del BMW en el que viajaba "El Hijo del Quemado" pertenece al abogado penalista Carlos Varela, un conocido defensor de barras con vínculos con la policía. El que manejaba su auto importado, Walter Rodríguez, se hizo famoso por tirar de un para avalanchas al jefe de la barra de Ñewell's, Roberto "Panadero" Ochoa, para después molerlo a palos en el suelo junto a otros barras. Y estuvo preso por robo a una distribuidora de bebidas La Vendimia, en barrio Las Delicias, donde se llevaron entre 30 mil y 40 mil pesos.

Según confiaron a este medio vecinos de La Tablada, un barrio más conocido por su peligrosidad y próximo a Moreno, el padre de Maximiliano -Sergio "Quemado" Rodríguez, conocido barra de Ñewell's- vende cocaína desde hace 30 años, siendo quien la introdujo originalmente en el barrio. Sin embargo, aseguran, su paradero es un misterio. "Todos lo conocen pero nadie sabe donde vive", mencionan las fuentes. Por su parte, de acuerdo a fuentes oficiales, la connivencia policial con estos grupos delictivos genera preocupación en las más altas esferas de la gobernación santafesina. En el barrio, la situación es tensa, ya que hay un sobreviviente de la masacre de Moreno, y varios testigos, que lógicamente temen por sus vidas. Mientras tantos, los muertos, eran velados anoche por sus compañeros, familiares, amigos y vecinos.

Fuente Marcha

lunes, enero 02, 2012

53 Aniversario de la Revolución: Cuba Va

(Cuba Debate)

Viva Cuba. Foto: KaloianQuiero abrir mi voz al mundo

que llegue al último confín

de Norte a Sur y de Este a Oeste;

y que cualquier hombre pueda

gritar sus propias esperanzas

sus heridas y su lucha cuando diga:




Cuba va, Cuba va,

Cuba va, Cuba va.




Puede que algún machete

se enrede en la maleza

puede que algunas noches

las estrellas no quieran salir.




Puede que con los brazos

haya que abrir la selva

pero a pesar de los pesares,

como sea:




Cuba va, Cuba va,

Cuba va, Cuba va.




Cuba va, Cuba va,

Cuba va, Cuba va,

Cuba va, Cuba va…



















lunes, diciembre 19, 2011

19 y 20 DE DICIEMBRE, LA LUCHA CONTINUA


El 19 y 20 de diciembre de 2001 una profunda crisis económica y política hizo temblar a nuestro país.
Basta con recordar que en una semana hubo 5 presidentes.
No son pocos los antecedentes que existen en el mundo y en particular en Indo-América, del derrumbe de gobiernos que se decían “progresistas”, pero terminaron aplicando o dando continuidad a políticas neoliberales bajo las órdenes del FMI y al servicio de las corporaciones internacionales y locales.
Estalló así una rebelión popular que se venía gestando al calor de estas políticas de desocupación, miseria y hambre. Asimismo, el dedo acusatorio del pueblo señaló especialmente a los políticos corruptos y a los banqueros, que a través del llamado “corralito” se quedaron hasta con los ahorros de la gente.
El éxito inmediato de este levantamiento se explica por la confluencia en las luchas de todos los sectores de la población golpeada por un duro ajuste. Esta convergencia de los trabajadores (aunque la CGT y la CTA le dieron la espalda), los desempleados, la clase media y la juventud, liquidó en 48 horas a los Cavallo y De La Rúa, dignos representantes de una espuria Alianza.
Lamentablemente la sangrienta represión, habiéndose decretado el estado de sitio, cobró más de 35 compañeros asesinados, pero no pudo contener tanta indignación, y las calles fueron cubiertas por multitudes bajo la consigna “que se vayan todos”, como signo de una realidad que no estaban dispuestos a seguir aceptando, y sin duda, marcando un hito inolvidable en la historia de las luchas populares. Dieron a la vez acta de nacimiento a las asambleas populares, valiosa experiencia a tener muy en cuenta para futuros intentos de construcción de poder popular.
Por cierto que es necesario reconocer que por la falta de un proyecto transformador y la creación de una fuerza alternativa capaz de llevarlo a cabo, se abrió la posibilidad de que el poder dominante recuperara su cuestionada hegemonía.
El gobierno kirchnerista fue el que más comprendió que la crisis del 2001 no estaba terminada y que para lograr mantener la “gobernabilidad” era imprescindible implementar las conocidas políticas gatopardistas: Cambiar algo para que todo siga igual, es decir ceder algo para no perderlo todo.
Claro que al no solucionar los problemas de fondo, el círculo se está otra vez cerrando, con el agravante de estar sumidos en la actualidad en un mundo acosado por una de las peores crisis capitalistas. Por lo tanto, los luchadores populares estamos nuevamente ante el desafío de plantear una salida de dicha crisis, impidiendo como se pretende, que la paguen los pueblos, como ya se lo intenta con el tarifazo que se nos viene, acompañado por intentar negar el derecho de huelga y por el proyecto de una nueva ley antiterrorista, directamente dirigida a criminalizar la protesta social, tal como lo exigen los grupos financieros internacionales, para “invertir en un país seguro”.
Por todo lo expresado, adherimos a la marcha y el acto del próximo 20 de diciembre, promoviendo para el debate colectivo, un programa mínimo, a fin de contribuir desde nuestro humilde lugar a la construcción concreta de un fuerte movimiento o frente de los trabajadores y demás sectores populares (partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones anti-burocráticas, estudiantes, organizaciones de derechos humanos, de pueblos originarios y campesinos pobres, culturales, etc..), única forma posible de ir cambiando la desfavorable relación de fuerzas y poder caminar decididamente hacia la edificación de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, socialista.
No al pago de la ilegal y fraudulenta deuda externa
Inmediato aumento de jubilaciones y salarios, teniendo en cuenta el real costo de la canasta familiar. Establecer el 82% móvil para los jubilados.
Derogación del IVA para los productos de la canasta familiar.
No al trabajo en negro y todo tipo de trabajo precario. Respeto a la jornada de 8 horas y su disminución a 7 horas, a fin de ir eliminando la desocupación.
Reestatización de las empresas privatizadas, bajo la dirección y control de los trabajadores.
Derecho a la salud y la educación para todos, con un considerable aumento del presupuesto en estos rubros
Recuperación de nuestras riquezas naturales y establecimiento de medidas estatales para el cuidado del medio ambiente. No a ala minería a cielo abierto.
Realización de una profunda reforma agraria. Inmediata ayuda a los campesinos pobres y a los pueblos originarios, comenzando por detener el desalojo y robo de sus tierras, asesinando incluso a varios luchadores. No a la llamada Ley de Tierras, porque no existe ninguna diferencia en que la tierra esté en manos de los explotadores de la gran burguesía agraria local o internacional.
Repudio a toda ley antiterrorista, que busca judicializar la protesta social. Libertad y desprocesamiento a todos los luchadores populares.
Aparición con vida del compañero Julio López y de Luciano Arruga.

Colectivo Avanzar, por la Unidad del Pueblo

martes, diciembre 13, 2011

Entregar a Julián Conrado no sólo sería una acción ilegal, sino inmoral

(Kaos en la Red)
¿Julián Conrado correrá el mismo destino que Joaquín Pérez Becerra?
Conversamos desde los calabozos del DIM con el cantor esperanzado, “porque un revolucionario siempre está henchido de fe”.


Indira Carpio Olivo y Ernesto J. Navarro (*)

Julian Conrado/ Imagen cortesía de Colectivo Que no calle el cantor


ENTREVISTA al cantor del pueblo Julián Conrado

Nació como Guillermo Enrique Torres Cueter, también le gritan “zambo”, “guajiro”, “cantor”, pero su nombre de guerra es Julián Conrado. Este trovador del canto nuestroamericano ha sido capturado y privado de libertad en tierras de Bolívar, en la Barinas que vio nacer a Hugo Chávez, el último día del mes del natalicio de Marx y Bakunin: el 31 de mayo de 2011.
Tenía 56 años de edad cuando fue apresado. Cumplió los 57, el 17 de agosto de 2011.
Un comando colombo-venezolano lo secuestró, esposó y vendó sus ojos durante 7 días. De repente apareció en la Dirección de Inteligencia Militar -DIM- en Caracas, Venezuela.
Las preguntas que caben para descifrar ese momento son irrespondibles ¿Por qué después de capturado no es trasladado a Colombia directamente, siendo requerido en el Estado Colombiano por el “delito” de cantar (1) y estando en la frontera con ese país? ¿Qué sucede cuando lo desaparecen? ¿Quieren involucrar a Venezuela con otro falso positivo? ¿Qué negociaciones se jugaron con la captura del cantor?
Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$ 2,5 millones por la cabeza de Conrado. La Interpol lo solicitaba desde 2002 por delitos menores y de opcional cumplimiento. Lo cierto es que captores e informantes serán premiados por el gobierno colombiano con una jugosa cantidad de los verdes (2).
Mientras eso sucede, en el canal youtube de TeleSur califican como “delincuente” y lo asciende al rango de “jefe guerrillero” al cantor necesario (3).
El 1 de junio, cuando las autoridades venezolanas se pronunciaron al respecto en un comunicado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia (4) lo hacen bajo los términos de la Interpol.
Se trata de la misma organización que sancionó a funcionarios venezolanos relacionándolos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo -Farc EP- (5), la misma que ha sido criticada por el propio presidente Hugo Chávez.
La misma Interpol a la que todavía Venezuela se suscribe, es la misma que eliminó la alerta roja de los banqueros que estafaron a buena parte de los venezolanos, esa Interpol es la que ahora rige los destinos de un revolucionario ¿Contradictorio?
Según las actas de captura y detención, Conrado habría sido capturado entre los días 4 y 5 de junio, pero Hugo Chávez y Juan Manuel Santos se manifestaron al respecto el primer día de ese mes.
Julián, lleva seis meses detenido ilegalmente, debido a que las cláusulas de su detención no encuentran asidero legal para privarlo de libertad. Hace cuatro meses venció el plazo de solicitud de extradición legal por parte de Estado colombiano. En Venezuela la fiscalía no le imputa ningún delito.
Entonces es pública y notoria la situación de complicidad e ilegalidad entre “autoridades” colombianas y venezolanas para mantener tras las rejas el canto revolucionario de Julián Conrado, quien además presenta un cuadro de salud en franco deterioro.
Debido al reestablecimiento de las relaciones políticas y económicas entre los Estados venezolano y colombiano “nuestro nuevo mejor amigo”, la opción legal según la propia Convención de Ginebra sería que Venezuela enviase a Conrado a un tercer país neutral y, según la propia Convención contra la tortura, no debe ser entregado al Estado colombiano.
La audiencia para el caso de Guillermo Enrique Torres Cueter, del 24 de noviembre e 2011, ante el Tribunal Supremo de Justicia se suspendió. Aun y sin nueva fecha para la presentación ante el juzgado mayor venezolano, los abogados de Conrado tampoco reciben información sobre la solicitud de asilo entregada y recibida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-, elevada a este organismo el día 5 de agosto de 2011.
¿Julián Conrado correrá el mismo destino que el compañero Joaquín Pérez Becerra?
Gracias al también cantor, Alí Manaure, logramos conversar telefónicamente desde los calabozos del DIM con el revolucionario, quien asegura no perder las esperanzas en los hombres de Bolívar “porque un revolucionario siempre está henchido de fe”.




-Hola camarada ¿Cómo está?
JC: Hola compas, llevándola aquí...

-Nos dijeron que estaba enfermo, que tenía un problema en la próstata...
JC: ...Si, desde hace algún tiempo padezco de eso. Es una de las razones por la que estaba por acá, tratando de hacerme un chequeo médico con especialistas. Pero por ahora se truncó eso.

-¿Le ha atendido algún médico dentro de la cárcel?
JC: Si. Pero para un dolorcito de cabeza. Pero para esas cuestiones más graves, no. No sólo debo revisar la próstata, sino otras cosas, que se han afectado por las situaciones que he vivido. Ahora que estoy leyendo e investigando, he descubierto que unos calores, unas fiebres que me dan por las tardes pueden haberse originado a consecuencia de diversos bombardeos a los que he estado expuesto. Claro, eso debe ser investigado por un especialista.
Pero he descubierto que hay bombas que no sólo llevan esquirlas para destrozar cosas, sino que llevan sustancias químicas que, con el tiempo, resultan para la personas en enfermedades extrañas.

-Tenemos entendido que fue capturado el 31 de mayo y le desaparecieron durante una semana ¿Qué ocurrió en ese momento en el que no habían señas de su paradero?

JC: Eso se tuvo que decir en el tribunal. Yo soy capturado el 31 de mayo y permanezco 6 ó 7 días totalmente incomunicado, vendado y esposado, esperando quién sabe qué cosa. Se publicó una foto mía en la prensa colombiana, foto que me tomó uno de mis captores, es entonces cuando algunos amigos se dan cuenta de mi retención y desata una campaña que es la que hace que cambie un poco mi situación.
Porque mi caso depende es de eso, de la solidaridad, del amor, del cariño que me puedan brindar aquí, a nivel nacional e internacional. Porque desde el punto de vista jurídico, si se habla de una extradición a Colombia o a EEUU no es procedente, jurídicamente sería imposible.

-¿Es por eso que no lo han extraditado?
JC: Si, si, porque jurídicamente no hay cómo. A mí me protegen acuerdos, tratados, leyes internacionales y las propias de Venezuela.
Venezuela ha suscrito unos convenios, acuerdos firmados que no le permiten extraditar a una persona a un país donde corra peligro su vida. Incluso dicen que ni aun cometiendo delitos comunes con fines políticos, se puede extraditar a la persona (6).

-Exactamente, ¿qué viviste durante todos esos días cuando te desaparecieron?
JC: Yo todo el tiempo canté... canté mi canto revolucionario. Porque a los detenidos se les dice que canten y bueno cuando me dicen que cante, yo canto mi canción revolucionaria.

-De hecho ese es el expediente por el que lo buscan en Colombia, por cantar...
JC: Si, por eso es. Además tengo entendido que las acusaciones que me hacen del lado de Colombia, la principal es esa, porque canto. Porque mi delito principal es ser cantor del pueblo y no de ahora, sino de toda la vida.
A mi me declaran objetivo militar en Colombia precisamente por cantar.
A mí cuando me llevan a la cárcel el 11 de septiembre 1973 es precisamente por cantar en un acto de protesta contra el golpe militar en Chile, yo estaba cantando.
Cuando me hacen un atentado a tiros era porque estaba en un acto cultural en el año 1979 que se desarrollaba en solidaridad con la Revolución Sandinista.
Y bueno, ese ha sido el problema mío de siempre, cantar.
Si a mi me extraditan me pasará como en la canción de Silvio Rodríguez, El necio: “machacarán mis manos y mi boca, cuando la revolución se venga abajo, que me arrancarán los ojos y el badajo”. Pero yo hice una canción para responder a esa situación “Yo moriré cantando”. Porque el canto mío no es mío propiamente, sino la expresión de un pueblo a través de mí.
Yo lo que canto es un grito de paz, con justicia y amor para la humanidad.
El concepto de la victoria revolucionaria ha venido creciendo, porque ya ni siquiera se trata de luchar por tratar de salvar un pueblo, un país, el concepto ahora yo entiendo es de luchar para salvar la humanidad, para la salvación del planeta y a eso últimamente se refiere mi canto.
Yo lucho con mi arma principal de combate: mi canto. Ese es mi oficio.

-Ese mensaje también lo lleva en su pluma y en su boca el comandante Fidel Castro, amigo del pueblo y del gobierno venezolano. Entonces ¿cómo es posible apresar en la tierra de la Revolución bolivariana a Julián Conrado, por decir exactamente lo mismo?
JC: Esas son las cosas que confunden a mucha gente que dice no entenderlo. Mi canto es bolivariano y vine a la Revolución bolivariana a buscar refugio y atención médica.
En una carta que yo le envié al Comandante Chávez (7) yo le escribí eso, que yo soy un cantor que nació en un pueblo que se llama Turbaco, que está pegado a Cartagena, la ciudad a donde va Bolívar cuando es derrotado en Puerto Cabello, Venezuela. Allá los cartageneros reciben al libertador con los brazos y el corazón abierto y lo que hacen es brindarle toda la solidaridad, ayuda y el amor patriota que respira la gente de mi tierra.
Entonces yo le digo a él ¿qué tal si Bolívar lo hubiesen detenido y apresado al igual que a mí?
Yo vine acá en unas condiciones de salud bastante fregadas. Mi salud está bastante deteriorada. Y yo no necesito inventarme enfermedades, porque algunas personalidades del Estado colombiano están tratando de insinuar que yo invento problemas de salud. Pero qué necesidad tendría yo de hacer eso.
Una persona como yo, que hay sufrido tantos ametrallamientos, bombardeos, tantas enfermedades mal curadas en la selva durante 28 años, no tengo necesidad de inventar. Una persona que haya vivido en esas circunstancias tantos años tiene que sufrir algún problema de salud.

-Tenemos entendido que a ti te detiene un comando colombo-venezolano. En tu opinión ¿por qué te trasladan a Caracas y no a Colombia, estando incluso más cerca?
JC: No lo se. Lo de la acción conjunta lo dicen del lado colombiano, lo dice la prensa, básicamente. Pero uno deduce por el lenguaje otra cosa, es decir por los términos que no son propiamente venezolanos, términos incluso soeces que no son propios de los venezolanos.
Pero la confirmación viene de otro lado. Incluso el presidente Santos es quien lo confirma.

-Pero, ¿por qué no te llevan directamente a Colombia?
JC: No sé, tantas hipótesis que pueden surgir alrededor de mi captura que sería aventurar una afirmación al respecto. Realmente a mí me capturan aquí.
Conmigo se confunden y creen que soy yo o que no soy yo, mientras toman huellas y verifican mi identidad, es en ese espacio de tiempo es que la prensa colombiana muestra la foto mía capturado.
Esa es otra cosa, la foto mía la saca la prensa colombiana, pero la toma uno de mis captores en Venezuela. Eso da mucho que pensar ¿no crees tú?
Como dicen en mi tierra, blanco es, frito se come y la gallina lo pone.

-La alerta roja de Interpol emitida en 2002, base para ser buscado por el Departamento de Estado de EEUU con una recompensa millonaria (8) y fundamento para su captura en Venezuela, le ubica en una provincia equidistante a la que realmente habitaba. Además le endilga la lesión de dos soldados colombianos ¿Qué puede decirnos al respecto?
JC: Ah, eso no es así. Yo no he mirado bien eso. Porque realmente es una mentira. La acusación que se me hace es de una acción militar guerrillera que se hace en un pueblo ubicado al norte de Colombia y cuando esa acción sucede yo estaba en el sur de Colombia. Es decir de polo a polo.
Estábamos en los diálogos de San Vicente del Caguán con el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Entonces, allí la mentira se cae solita, porque no corresponde ni el tiempo ni el espacio.
Haciendo un análisis esa acusación es algo que no tiene ni son, ni ton.

-Según algunos miembros de los colectivos que le defienden (Fundalatin, Que no calle el cantor) a usted se le aplicó métodos de tortura ¿Podría usted hablarnos de esa situación?
JC: Ellos se refieren a eso porque yo estuve vendado y esposado durante 7 días ¿Qué más?

-Asimismo argumentan que no se le deja ver el sol, sino cada 20 ó 30 días
JC: Es lo normal acá, donde yo estoy. Así es.

-¿Qué le pedirías a la justicia venezolana?
JC: Que se cumplan con los acuerdo, leyes y tratados internacionales que me protegen y lo que corresponde es la libertad y el asilo político. Dentro del marco de lo legal eso sería lo lógico: la libertad y el asilo político. O que me remitan a un tercer país que sea neutral, pues. Eso es lo único que se puede hacer.

-¿Le han dicho a usted por qué se le captura?
JC: NO. Porque acá en Venezuela no he cometido ningún delito. Dicen que porque hay una solicitud de Interpol, una alerta roja. Es por lo único. Más no me han dicho. El fiscal lo que ha dicho es eso.
Realmente todos los plazos se cumplieron. Legalmente eso tiene un enredo muy grande. Eso no lo entiende nadie desde el punto de vista jurídico.
Mi situación se puede resolver con una decisión política. No más.
Más que abogados, yo necesito de la solidaridad nacional e internacional.
Tiene que notarse más la solidaridad para que el gobierno que tome la decisión se sienta apoyado por ese movimiento.

-¿Pierde Julián las esperanzas?
JC: No, no. Nunca pierdo las esperanzas. Yo he vivido situaciones en las que me ha tocado despedirme de la vida varias veces. Si. Y me he despedido de la vida sin perder la esperanza.
La esperanza y el sueño que albergo no terminan en mí. Nosotros los revolucionarios no terminamos en nosotros mismos.
Pase lo que pase conmigo no hay que perder la esperanza. Eso es algo propio de los revolucionarios.

-Hablando de eso y de acuerdo a tu conocimiento del conflicto colombiano, ¿cómo cree usted que asimilan las FARC la pérdida de Alfonso Cano?
JC: En Colombia hay una guerra.
Yo recordaba hace días que en la guerra de independencia murieron muchos los líderes patriotas importantes. Cuando Cartagena lanza el grito de independencia, todos los líderes fueron asesinados, todos.
Porque Pablo Morillo cerca a Cartagena más de 100 días. Tres cuartas partes de la población mueren y cuando él entra en la ciudad fusila a los que quedaron vivos. Sin embargo, la lucha terminó con la victoria de los patriotas.
Lo que uno si puede decir en el caso concreto del camarada Alfonso Cano es que asesinaron a alguien que tenía puesto todos sus sentimientos en la búsqueda de una solución política del conflicto en Colombia.
Todos los revolucionarios en Colombia, absolutamente todos, estamos buscando la solución política al conflicto. La bandera de la paz no es una bandera nueva. Con el asesinato de Alfonso se le dio fue un golpe a la paz.
El camarada Alfonso se convierte en una antorcha de luz infinita para iluminar el camino de todos los que estamos en esa lucha por la búsqueda de la paz con justicia y con amor, porque es que nosotros cuando hablamos de paz no lo hacemos en términos generales, porque eso no existe.
Hablamos de una paz con justicia y con amor, que sea para todos, que beneficie a todos, empezando por resolver el conflicto para los pobres de la tierra.

-En base a lo que nos está diciendo y en su opinión ¿quiere el gobierno colombiano la paz para Colombia?
JC: Todo parece indicar que no. Lo último que escuché decir es que “si quieren ayudar no hagan nada”. Eso lo dice todo.

(AL FONDO SE ESCUCHA UN GRITO: “Eso es para que hablen todos”)

-Precisamente por haberlo dicho Santos en la conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -CELAC- ¿Podemos esperar que las relaciones colombo venezolanas trasciendan lo meramente comercial?
JC: ¿Quién sabe? No me atrevo a decirlo. Pero lo que si hay es una esperanza muy grande en que se concrete el sueño de Bolívar, que es la unidad latinoamericana y caribeña, para configurar una gran nación de repúblicas.
Pienso que eso es difícil por que hay muchos intereses encontrados, pero ahí está el sueño listo para volverlo realidad.
Miren acá nosotros tenemos un tiempo para hablar. Hay otros compañeros que tienen que usar el teléfono.

-Si, esta es la última pregunta ¿Cuál sería su suerte si es enviado a Colombia?
JC: Eso es imposible jurídicamente, y moralmente más imposible todavía.
Yo le hice una notica a Residente de Calle 13 (9), en la que le digo que en caso tal de que eso suceda, porque la fuerza del terror imperial se imponga a la solidaridad, el amor y la ternura y se violen todos los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela y sus propias leyes, si todo eso sucede, lo que me espera es la tortura y la muerte, como a todos los prisioneros políticos en Colombia.

-Mucha fuerza hermano... que llegue la fortaleza del pueblo que te acompaña y no te abandona
JC: Vaya un abrazo amoroso. Y que todo sea por la paz, con justicia y con amor.
Amando venceremos.

-¡Venceremos!

Nota de los autores: Estamos convencidos de que la crítica y la autocrítica son necesarias para el avance de la revolución. Con ese espíritu está hecho este trabajo periodístico. NO AUTORIZAMOS A NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN PRIVADO, BURGUÉS, CAPITALISTA, DE DERECHA, A REPRODUCIR ESTA INFORMACIÓN, NI TOTAL NI PARCIALMENTE.
(*) Periodistas intragables
indiracarpio@gmail.com / @icarpio/ navarroernestoj@gmail.com / @ernestojnavarro
Para ampliar informaciones:
(1) ¿Avalará Venezuela que el canto sea punible? http://www.kaosenlared.net/noticia/193480/julian-conrado-6-meses-detenido-ilegalmente-avalara-venezuela-canto-se
(2) Pagarán recompensa por captura de Julián Conrado, en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9510885.html
(3) TeleSUR califica como “delincuente” y como “Jefe” guerrillero al cantor cuando es harto conocido que el Estado colombiano quiere hacer ver fraudulentamente que Julián Conrado pertenece al Estado mayor de las FARC-EP:
Captura Venezuela a delincuente requerido por Colombia, en: http://www.youtube.com/user/telesurtv?feature=watch#p/search/1/ScRlpH8NL7Q
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció a Venezuela la detención del jefe guerrillero de las Farc, Guillermo Enrique Torres Cueter, alias "Julián Conrado". Telesur, en: http://multimedia.telesurtv.net/1/6/2011/36854/santos-agradece-a-venezuela-la-detencion-de-julian-conrado/

lunes, diciembre 05, 2011

CADEP - COMUNICADO DE PRENSA

NUEVA LEY ANTITERRORISTA. UNA NORMA PARA REPRIMIR AL PUEBLO Y SUS LUCHAS
Un nuevo y gravísimo intento de avance represivo ha tomado cuerpo el pasado 14 de octubre de 2011, con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un nuevo proyecto de ley “antiterrorista”, que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta ya inaugurada con la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.
Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la “asociación ilícita terrorista” y el segundo sancionaba el “financiamiento del terrorismo”.
La ley antiterrorista vigente
En este sentido, no es menor que sea una ley para combatir el “terrorismo”, ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo” y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. “Terroristas” son los iraquíes que resisten una invasión genocida e ilegal, “terroristas” son los docentes que reclaman en Perú por mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, “terroristas” son los mapuches que exigen el derecho a vivir en las tierras que habitaron sus ancestros desde tiempos remotos.
La “Ley Antiterrorista” sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional vino a servir a los mismos fines y faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de “terrorismo” a cualquiera, sin que sea requisito que se cometan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). Como se puede apreciar de la lectura de la ley 26.268, se sanciona con penas altísimas conductas aplicables a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún organismo internacional.
En primer lugar, ley sancionada en el 2007 agregó al Código Penal el art. 213 ter, mediante el cual se tipifica las “asociaciones ilícitas terroristas”, definiéndolas como aquellas cuyo propósito sea “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir que la característica distintiva del perseguido por esta norma es la del que reclama al Estado o a un organismo internacional que haga o deje de hacer algo. Esta es la única definición específica que se hace respecto de alguna conducta, ya que todos los demás requisitos para configurar esta “asociación ilícita terrorista” resultan muy difusos y quedan a interpretación libre de los jueces. Esta norma requiere además que dicha organización tenga un plan de acción destinado al odio étnico, político o religioso, estar organizado en redes internacionales y contar con cualquier medio idóneo para poner en riesgo la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Estos requisitos son fácilmente interpretables para involucrar dentro del delito de terrorismo a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que reclame firmemente por sus derechos frente al Estado o un organismo internacional y la ley establece penas que van de los 5 a los 20 años de prisión.
El nuevo proyecto de ley enviado por Cristina Fernández de Kirchner
El nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación “antiterrorista” cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.
Específicamente se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies, que establecería lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.
Es decir, que se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto “aterroriza a la población.” No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que muchas veces quieren asimilar la protesta con acciones que atemorizan al resto de la población.
Por otro lado, se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la comisión de delitos (teniendo en cuenta que para el Estado cortar una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del ámbito tolerable constituyen delito) y que tengan como objetivo exigir a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer algo. En todos los casos se duplican los mínimos y los máximos de las escalas penales.
Este nuevo proyecto de ley posibilitaría calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados.
Por ejemplo, los compañeros del FAR que se encuentran procesados por manifestarse en contra de las políticas criminales del Estado de Israel enfrentarían una escala penal que iría de los 8 a los 26 años de prisión. En el caso de la detención del dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, las penas a las que se enfrentaría serían de 10 a 30 años de prisión.
Además, este proyecto de ley permite sancionar como terrorista no sólo a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización puntual. Por ejemplo, los vecinos de Vicente López que intentaron impedir la destrucción y ocupación de un espacio público, o el caso de vecinos que cortan una calle exigiendo la prestación de servicios mínimos que deben ser garantizados por el Estado; todos ellos podrían eventualmente ser encuadrados en esta nueva normativa. En suma, posibilita la aplicación de penas altas a cualquier acción de protesta y además de catalogarlas de terroristas.
Resulta evidente entonces que cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley,.
Por otra parte, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de “financiación del terrorismo”, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es más, la ley castiga inclusive el “financiamiento” aún cuando se trate de personas acusadas de delitos de “terrorismo” ocurridos fuera del país; es decir, sería financiación del terrorismo cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos mapuches, con docentes peruanos acusados de terrorismo, con el director de la agencia ANNCOL y tantos otros que son perseguidos y acusados de terrorismo en nuestra América y en el mundo. A la luz de esta nueva legislación todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años.
Una ley al servicio del imperialismo
Debe destacarse que esta ley no ha sido el capricho del gobierno de turno sino que es promovida (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social. Actualmente estamos siendo testigos de la sanción y reforma de leyes antiterroristas en todo el continente, lo que constituye una política que no es aislada y que utiliza la categoría de “terroristas” para legitimar la persecución y la cárcel para los luchadores sociales.
Lo expuesto es evidente si vemos que esta herramienta represiva trata como un “terrorista” a todo aquel que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los jueces y fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una ruta o tantas otras acciones enmarcadas en la lucha social son un delito) obligar a un gobierno u organismo internacional (por ejemplo FMI, Banco Mundial, etc.), a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Con esto vemos que los “terroristas” a los que se persigue, a pesar de lo que dicen los fundamentos del proyecto de ley, no son los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA o de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero; los perseguidos son los que exigen y luchan contra las políticas anti-populares de los distintos gobiernos y que se oponen a los dictados de los organismos financieros internacionales.
Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de “terrorista”, el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.
No quedan dudas que esta ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general que quieran reclamar más allá de lo tolerable para el gobierno y que, lejos de servir para combatir algún tipo de “terrorismo”, se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente por la solución de los problemas que este gobierno no tiene interés en solucionar, que son los problemas que debe enfrentar la enorme mayoría del pueblo.
En suma, si nos atenemos a la letra de la ley tendríamos que concluir que todos los que luchamos por un cambio social, por un mundo justo, somos terroristas. Sin embargo, los que militamos por un mundo sin explotadores ni explotados no somos terroristas, somos luchadores. El Estado apeló históricamente y apelará a distintas herramientas represivas para intentar contener, desacreditar y desactivar las luchas; este nuevo y nefasto proyecto de ley es una de ellas y denunciarla y pelear por su derogación también es una necesidad y una obligación para los que queremos construir una nueva sociedad.
Si se aprueban este tipo de legislaciones es porque hay un pueblo que lucha, que no se rinde ante esta situación de injusticia e indignidad. Ante la profundización de la crisis internacional que provoca estragos en países de Europa y el norte de África, el gobierno y sus socios empresariales requieren de herramientas como ésta para intentar poner freno a los que se rebelan y siguen luchando para cambiar la Historia. Hoy más que nunca debemos responder ante esta situación con unidad, organización y lucha.
¡NO A LA LEY ANTITERRORISTA!
¡BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!
CONTACTOS:
Martín Alderete 1154992811
Omar Dib 1151072232

Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo
"Los derechos humanos son los derechos que tiene el pueblo a hacer la revolución"
León "Toto" Zimerman